Hartazgo, frustración o desesperanza son algunos de los sentimientos que inundan a la Carrera Judicial por el bloqueo de más de tres años y medio al que las fuerzas políticas tiene sometido a su órgano de gobierno, es decir, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). EL MUNDO ha recabado la opinión de representantes de las cuatro asociaciones judiciales después de que el último intento de negociación entre el Gobierno y el Partido Popular se fuera de nuevo al traste.
María Jesús del Barco, presidenta y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, sostiene que estamos ante «una historia de continuos desencuentros entre los dos partidos más importantes del arco parlamentario que, curiosamente, son incapaces de llegar a un pacto para renovar el Consejo pero tampoco lo son para devolvernos a los jueces la competencia para hacer esta elección». «En estos últimos tres años y medio largos, hemos visto cómo se amaga con el acuerdo, se suspenden las negociaciones porque hay que esperar a que pasen las elecciones de una u otra comunidad autónoma o porque estamos en pandemia o porque hay una moción de censura. Esto no puede seguir así. Europa nos ha reclamado en distintas ocasiones que se proceda ya a la renovación del CGPJ y que se aborde también la reforma sobre su sistema de elección».
Por su parte, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz Jorge Fernández Vaquero, califica de «frustrante» la situación debido a que se «está poniendo freno al funcionamiento normal de una institución esencial para el sistema judicial como es el Consejo General del Poder Judicial por intereses que nada tienen que ver con la Justicia porque es obvio que tanto el PSOE como el PP están pensando en sus propios planteamientos a la hora de hacer sus propuestas y contrapropuestas».
Por su parte, para Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, este nuevo intento fallido de negociación entre Gobierno y PP es un «fracaso para todos porque tres años de bloqueo por parte de la oposición a la renovación no beneficia a nadie, perjudica a la Administración de Justicia y a la ciudadanía, ya que supone que tenemos un órgano de gobierno de los jueces con mandato caducado, sin proyecto y sin iniciativa y esto solo puede ser perjudicial. Para los jueces supone una forma de trabajar inasumible y democráticamente revela que el deterioro de las instituciones no parece importarle mucho a quienes tienen que asegurar su correcto funcionamiento, en este caso el PP que lleva tres años inventándose excusas para que no tenga lugar la renovación».
En tanto, desde Foro Judicial Independiente, su presidente Fernando Portillo, critica que tanto Gobierno como oposición «están poniendo encima de la mesa intereses puramente políticos y por eso estamos en el mismo punto de partida que hace tres años y medio. El Parlamento vemos que aquí no tiene nada que decir, ya que son representantes de partidos políticos los que deciden todo sobre la renovación del CGPJ».
Desde la APM, su presidenta afirma que «no existe voluntad de llegar a un acuerdo. Unos y otros se echan la culpa pero tienen que cumplir la obligación de ponerse de acuerdo y cumplir así la Constitución que exige mayoría de tres quintos para elegir a los miembros del Consejo». Mientras, la AJFV recalca que estamos «con una situación de interinidad absoluta en la que los propios vocales saben que están perdiendo la confianza a ojos de la ciudadanía pero, al mismo tiempo, tampoco pueden hacer nada ellos mismos para renovarse. No depende del propio órgano renovarse. El CGPJ está de facto paralizado desde hace tres años».
«A nadie se le ocurriría que un Gobierno cuando acabara su mandato durante tres años no convocara elecciones y no se renovaran las Cortes. Pues esto es lo que está sucediendo por razones puramente partidistas y los ciudadanos están pagando un enorme precio cuando una parte del Supremo no puede trabajar porque sus integrantes no pueden ser renovados», subrayan desde JJpD.