El senador de Compromís, Enric Morera; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix BolañosEuropa Press
No es el momento para depurar responsabilidades, pero la «cronología» y «los hechos» de lo que pasó el día de las riadas de la DANA «están claros». Es la consigna que los miembros del Gobierno llevan repitiendo desde hace dos semanas, cuando la gota fría arrasó varias poblaciones valencianas y provocó al menos 223 muertes. De esta forma, aplazan cualquier tipo de depuración política para lo que, insisten, «ya habrá tiempo», si bien no han dejado de remarcar que es la Comunidad Valenciana la que dirigía y dirige la emergencia. Entre tanto, sus socios de Compromís o de Podemos piden, además de la dimisión del presidente autonómico Carlos Mazón, que el Gobierno actúe ya y se ponga al frente de la gestión de la DANA.
Precisamente, este martes estos dos grupos registraron sendas solicitudes para abrir una comisión de investigación en la Cámara Baja que ayude a «depurar» responsabilidades por los fallos en la gestión de la crisis. Y en ambos casos piden que tanto miembros de la Generalitat Valenciana como del Gobierno de España den explicaciones. Ante ello, los socialistas insisten en que no es el momento para hacer ese ejercicio. De hecho, fueron cuatro los miembros del Ejecutivo —los ministros Óscar Puente, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Alegría—, los que en el Senado dejaron claro que Moncloa no tiene intención de abrir por ahora este debate.
Fue en la primera sesión de control al Gobierno desde que se produjo la emergencia de la DANA, en la que la gestión de esta crisis fue el tema central y también el que provocó las evasivas del Gobierno a «confrontar» con el PP. «Se equivoca si piensa que usted y yo vamos a entrar a confrontar», advertía Alegría a los populares. «En mí no va a encontrar a nadie que hoy confronte con ustedes», insistía, por su parte, Félix Bolaños. «Nosotros no estamos en ese tema ahora», añadía Marlaska. «No tenemos ganas de polémica, queremos, simple y llanamente, hacer nuestro trabajo», sentenciaba desde Moncloa Óscar Puente.
Eso sí, esas frases iban acompañadas de varios recados dirigidos al presidente valenciano. En resumen, todos los miembros del Gobierno dejaron claro que las competencias en la gestión de esta emergencia son autonómicas, por lo que, en este caso, corresponden a la Generalitat; que el Ejecutivo cumplió con su deber de avisar a través de la AEMET mientras que el Gobierno de Mazón mandó la alerta a las 20:00 horas de aquel martes, 29 de octubre, y no pidió la UME para toda la provincia de Valencia hasta pasada esa hora y que el Gobierno puso a disposición de Mazón todos los medios «desde el primer momento» y predispuso a la UME a la espera de la espera de la luz verde de la Generalitat.
Los socios piden contundencia
Sin embargo, el Ejecutivo también se tuvo que enfrentar a las críticas de algunos de sus socios, precisamente por esa falta de contundencia en sus respuestas. De hecho, en el mismo Pleno en el que varios ministros aplazaron la asunción de responsabilidades, Compromís le pidió actuar y hacerlo de forma contundente. La formación valencianista llegó a afear al Ejecutivo no haberle requerido el teléfono móvil a Mazón para evitar que «destruya pruebas» porque, a su juicio, el presidente valenciano cometió un delito de «homicidio imprudente», por el que Compromís ya advierte que interpondrá una querella. También cargaron contra el Estado que, a su juicio, tenía que haber actuado teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana estaba «en manos de un incompetente». «El Estado tenía que haber actuado. Actúen. Tenemos que evitar una nueva mazonada«, exigió el diputado Xavier Morera a Marlaska.
Compromís también elevó el tono en el Congreso con un gesto que, aunque no tiene consecuencias a nivel legislativo, es una declaración de intenciones en sí misma. Dos diputados del grupo, adscritos al grupo parlamentario de Sumar, declinaron votar a favor de la elección de los candidatos del PSOE y sus socios al Consejo de RTVE, aunque teniendo en cuenta que la votación definitiva se producirá el jueves, en la que sí apoyará al Gobierno pese a no compartir la reforma de urgencia acometida en medio de la crisis de la DANA.
Pero el mensaje más claro al Gobierno lo lanzaron con el registro de la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso, que también registró Podemos y secundaron otros socios como ERC y Junts. Mientras que Compromís indicó que su intención era poner el foco en la Generalitat, aunque sin descartar que se pudiese llamar a declarar a ministros competentes, Podemos aseveró que, además de pedir explicaciones a miembros del Gobierno valenciano, los ministros del Ejecutivo central también deberían explicar por qué no declararon el estado de alarma. Parece prácticamente imposible que estas comisiones de investigación se activen, ya que no cuentan con el apoyo necesario de los dos grupos mayoritarios -PP y PSOE-, pero los gestos de los socios mandan un mensaje evidente al Gobierno, que de momento insiste en posponer el debate sobre las responsabilidades políticas por la DANA.