Ningún juez lo expresaría de manera tan cruda, pero el sistema judicial le está diciendo a Donald Trump que aguante o se calle sobre sus afirmaciones descabelladas y defensas extravagantes sobre su acumulación de información clasificada en su centro turístico de Florida.
El caso ha dado un giro contra el expresidente y hacia el Departamento de Justicia en los últimos días, lo que sugiere que la clásica estrategia legal trumpiana de demora, negación y distracción no está funcionando tan bien como de costumbre.
En una señal de lo rápido que la posición de Trump puede estar erosionándose en este drama en particular, varios senadores republicanos dieron el paso inusual de criticar su manejo de los documentos el jueves, a pesar de su firme control sobre su partido.
En los últimos acontecimientos, un juez externo que actúa como perito especial el jueves le dio al equipo legal de Trump hasta el final de la próxima semana para declarar formalmente si creen en su afirmación de que el FBI plantó pruebas incriminatorias en Mar-a-Lago durante un allanamiento el mes pasado. Esto se produjo un día después de que un tribunal de apelaciones le diera un golpe a Trump al dictaminar que su equipo no había presentado pruebas para respaldar sus afirmaciones de que él, como presidente, había desclasificado los aproximadamente 100 documentos secretos que el FBI se llevó de su casa.
En cierto sentido, a Trump se le está dando su día en la corte y todas las oportunidades para probar sus declaraciones. Está siendo investigado por el Departamento de Justicia por posibles violaciones a la Ley de Espionaje y obstrucción de la justicia por el mal manejo de documentos clasificados. Hasta el momento no hay indicios de que vaya a ser acusado.
El allanamiento, un paso sin precedentes contra un expresidente, provocó preguntas sobre si el Departamento de Justicia se había extralimitado dada la delicada sensibilidad política del caso, particularmente porque Trump ha mostrado todas las señales de que está preparando otra candidatura a la Casa Blanca en 2024.
Pero si el expresidente no puede probar sus acusaciones, como esperan muchos observadores externos, su posición legal se deteriorará considerablemente.
La clave aquí puede ser que los abogados de Trump, que entienden que no pueden mentir bajo juramento, no han repetido muchas de las declaraciones del expresidente ante un juez. Por lo tanto, los últimos giros en el caso los están atascando entre su obligación de decir la verdad y su cliente, que tiene un concepto famoso por la flexibilidad de los hechos y la realidad.
Una estrategia clásica de Trump
La estrategia del expresidente es familiar y ha tenido un éxito notable durante gran parte de su larga y controvertida carrera empresarial y política.
Trump a menudo sustituye una defensa legal por una de relaciones públicas, atacando a las instituciones, los departamentos gubernamentales, los tribunales, los funcionarios y los medios de comunicación que intentan imponer la responsabilidad o pedirle que justifique sus acusaciones con hechos. Su fuerte apoyo entre los seguidores republicanos de base refleja el talento de Trump para crear una versión de los hechos que puede convertirse en una narrativa políticamente potente.
A menudo, parece que Trump inventa un nuevo contraataque en el acto para ayudarlo a superar un momento particularmente peligroso, como cuando le dijo a Sean Hannity de Fox News el miércoles que un presidente podría simplemente desclasificar un documento pensando en él en su cabeza, una derogación absurda de los procesos de inteligencia.
Este enfoque fracasa, sin embargo, cuando las acusaciones que funcionan bien como estrategia política chocan con el umbral fáctico de una sala de audiencias donde se deben hacer declaraciones bajo pena de perjurio.
“El poder de nuestros tribunales es que tienen una manera de sacar a la luz la verdad”, dijo el jueves el analista legal de CNN Elie Honig en “Erin Burnett OutFront”, y agregó que cualquiera podía decir lo que quisiera en público o en los medios. “Pero cuando ingresas a un tribunal, en última instancia, y sucederá aquí más temprano que tarde, el juez o el jurado dirán: ‘Bien, esa es su acusación, ahora demuéstrenlo’”.
La tensión entre las declaraciones públicas de Trump y lo que es admisible en la corte que ahora se desarrolla en el caso de documentos clasificados recuerda lo que sucedió después de las elecciones de 2020. Trump y sus compinches políticos hicieron acusaciones extremas de fraude electoral y engaño en público. Pero sus afirmaciones fueron rechazadas repetidamente por varios tribunales cuando sus abogados no pudieron presentar pruebas o se negaron a repetir las acusaciones ante un juez.
A menos que el expresidente pueda proporcionar pruebas creíbles de las irregularidades del FBI y que pasó pronto por un proceso legal de desclasificación de los documentos, es probable que tenga más días malos en los tribunales que los que experimentó esta semana.
«Simplemente va a exponer esta mentira. Los abogados saben que no pueden mentirle al juez, podrían ser sancionados, podrían ser inhabilitados», dijo Dave Aronberg, fiscal estatal del condado de Palm Beach, Florida, en «The Situation Room con Wolf Blitzer».
“Trump puede decir lo que quiera en público con impunidad, pero es diferente para sus abogados”, agregó Aronberg, quien es demócrata.
El perito especial pincha la estrategia de Trump
Nuevos giros en un caso que ha paralizado al mundo político se produjeron cuando el juez Raymond Dearie, el perito especial designado por la corte, dijo en una presentación el jueves que el equipo de Trump debe presentar una declaración jurada diciendo si creen que el Departamento de Justicia incluyó artículos en su «inventario» de materiales tomados de Mar-a-Lago que en realidad no fueron incautados durante el allanamiento.
Las afirmaciones de Trump en este sentido poco después de el allanamiento desencadenaron un furor político, y fueron ampliamente recogidas por los presentadores de los medios conservadores e incluso por algunos destacados legisladores republicanos en el Capitolio. Pero ahora puede haber un precio que Trump deba pagar.
Era la segunda vez en esta semana que Dearie, quien fue sugerido para el papel de perito especial para filtrar los documentos sustraídos de Mar-a-Lago por el equipo del expresidente, asestó un golpe a su defensa. Después de que los abogados de Trump se negaron a afirmar en la corte que Trump había desclasificado los documentos que llevó al resort, Dearie les dijo: «No pueden tener su pastel y comérselo».
En el otro gran movimiento en el caso esta semana, la Corte de Apelaciones del 11° Circuito anuló la decisión de una corte inferior que impedía que el Departamento de Justicia examinara alrededor de 100 documentos clasificados que fueron sustraídos de Mar-a-Lago. Una vez más, los jueces, dos de los cuales en el panel de tres jueces fueron designados por Trump, objetaron la idea de que los documentos habían sido desclasificados.
“El expediente no contiene evidencia de que ninguno de estos registros haya sido desclasificado. Y ante el perito especial, el demandante se resistió a proporcionar cualquier evidencia de que había desclasificado alguno de estos documentos”, dice el fallo judicial.
Esto ocurrió el mismo día en que la exposición legal de Trump en múltiples frentes se profundizó cuando el estado de Nueva York presentó una demanda civil contra él, tres de sus hijos adultos y la Organización Trump alegando un gran fraude fiscal y de seguros y buscando una variedad de sanciones severas. Trump dijo que es víctima de otro ejemplo de persecución política y negó las acusaciones en su contra.
Los republicanos crean espacio a partir de Trump
La aparente erosión de la posición legal de Trump está provocando un debilitamiento simultáneo de la base de apoyo del expresidente entre los senadores de alto rango de su partido.
Cuando se le preguntó sobre la afirmación de Trump en Fox News de que simplemente podría desclasificar documentos con solo pensarlo, el líder del Partido Republicano en el Senado, John Thune, le dijo a CNN que hay un proceso para desclasificar documentos.
«Creo que debe cumplirse y seguirse. Y creo que eso debería aplicarse a cualquier persona que tenga acceso o trate con información clasificada», dijo el republicano de Dakota del Sur.
El senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte que forma parte de la Comisión Judicial del Senado, le dijo a CNN que cree que hay un proceso que debe seguir un presidente para desclasificar los registros.
«Creo que hay un proceso formal que debe pasar, que debe pasar y documentarse», dijo Tillis. «Y en la medida en que fueron desclasificados, pasaron por el proceso, está bien… Según entiendo los requisitos del Poder Ejecutivo, hay un proceso por el que uno debe pasar».
El senador Mike Rounds, un republicano de Dakota del Sur que forma parte de la Comisión de Servicios Armados del Senado, calificó el manejo de documentos clasificados como un problema «muy serio».
«La gente puede salir herida, la gente puede morir si no se almacena correctamente y si esa información se divulga», dijo Rounds a Manu Raju de CNN.
Otros senadores republicanos eludieron las preguntas sobre el asunto.
«Creo que el presidente tiene la prerrogativa de desclasificar», dijo el senador de Indiana Mike Braun, mostrando que si bien la estrategia legal del expresidente puede estar cada vez más hecha jirones, todavía hay legisladores republicanos que temen pagar un precio político por desafiarlo.