Pese a que está poniendo toda la carne en el asador para sacarlo adelante, el Gobierno ve «complicado» aprobar el impuesto al diésel que, en principio, la Comisión Europea le exige para poder acceder al quinto pago de los fondos europeos Next Generation. La falta de acuerdo entre sus socios habituales está poniendo trabas a una medida que tuvo que eliminarse de la última reforma fiscal aprobada ‘in extremis’ en el Congreso de los Diputados para no incumplir los plazos exigidos en relación a otro compromiso europeo, el impuesto mínimo global a las multinacionales y grandes grupos nacionales.
Fuentes del Ministerio de Hacienda inciden en que los frentes abiertos en este momento con los grupos parlamentarios son muchos y que, pese a que la idea es aprobar la tributación al diésel, hoy por hoy esto parece «complicado». Sólo unas horas antes, preguntado por este mismo asunto, Carlos Cuerpo apuntó que el Ejecutivo está trabajando a nivel doméstico para avanzar en la aprobación de la reforma de la tributación de hidrocarburos. «Tenemos tiempo, estamos todavía dentro de los plazos», aseguró tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas Europeos (Ecofin), si bien no llegó a afirmar que esta vaya a aprobarse.
El pasado 20 de diciembre España solicitó formalmente a la Comisión Europea un quinto pago ampliado del programa Next Generation. Este no sólo incluía los 7.200 millones de euros previstos para esta fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sino que elevaba la cuantía requerida a un total de 23.900 millones entre transferencias directas y préstamos en condiciones ventajosas. El Ejecutivo solicitaba una cuantía superior a la asignada tras haber adelantado el cumplimiento de hitos y objetivos que estaban asociados a desembolsos posteriores.
Sólo unas semanas después, el Ecofin aprobó los cambios propuestos en el plan español, entre los que se recogía también la adopción de un impuesto al diésel que lo equiparase a la gasolina como parte de los requisitos para desbloquear los fondos. Además, en el marco de su Plan Fiscal y Estructural -la hoja de ruta con el ajuste para reducir la deuda pública hacia un nivel sostenible en el medio plazo- España se comprometió a aprobar las medidas tributarias necesarias para lograr un incremento permanente de la recaudación de unos 4.500 millones de euros, entre reducción de gastos y subida de los ingresos. Esta cuantía equivale al 0,3% del PIB.
La exigencia de medidas de tributación medioambiental no es nueva. En junio, la Comisión recordaba que España «tiene margen» para aumentar los impuestos verdes bajo el principio de que «quien contamina, paga» en el conocido como Paquete de Primavera, un conjunto de recomendaciones específicas para cada país. Esto permitiría aumentar en casi 7.000 millones de euros los ingresos, según cálculos del organismo capitaneado por Úrsula von der Leyen.
Tras la solicitud española de los fondos, Bruselas incidió en que el Gobierno debe acelerar en los «ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital» y en que estas medidas deberían incluir, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo.
Sin acuerdo entre sus socios parlamentarios
El problema del impuesto al diésel es la falta de acuerdo entre los partidos que han venido sustentando a la coalición de gobierno. De hecho, esta medida sólo cuenta, de momento, con el respaldo de Podemos, aunque la formación condiciona su apoyo a la misma a que vaya acompañada del gravamen permanente a las energéticas. Un tributo, este último, que Junts y PNV se niegan a apoyar.
Sin la tributación al diésel el desembolso, en principio, sería parcial -algo que España ya vivió con el cuarto pago de los Next Generation-. De momento, Bruselas tiene hasta el próximo 21 de marzo para evaluar la petición de Madrid y decidir si hace ese reembolso íntegro o no. En cualquier caso, la negociación con las autoridades europeas también sigue en marcha y estas serán las que tengan la última palabra.