El gobierno de Biden dio inicio este jueves al proceso de condonación de la deuda por préstamos estudiantiles, enviando información actualizada sobre el proceso por correo electrónico antes de que se abra el plazo el mes que viene.
En agosto, el presidente Joe Biden anunció su decisión de condonar hasta US$ 10.000 de la deuda por préstamos estudiantiles para las personas que ganen menos de US$ 125.000 al año o hasta US$ 20.000 para quienes cumplan los requisitos y que también sean beneficiarios de la beca Pell.
Un correo electrónico del Departamento de Educación enviado a los estadounidenses que se inscribieron para recibir actualizaciones y obtenido este jueves por CNN ofreció algunos detalles sobre quién es elegible y qué esperar en el proceso.
«En octubre, el Departamento de Educación de Estados Unidos lanzará una breve solicitud en línea para el alivio de la deuda estudiantil. No tendrás que subir ningún documento de apoyo ni utilizar tu FSA ID para presentar tu solicitud», decía el correo electrónico.
“Una vez que envíe su solicitud, la revisaremos, determinaremos su elegibilidad para la condonación de la deuda y trabajaremos con su(s) administrador(es) de préstamos para procesar la condonación. Nos pondremos en contacto con usted si necesitamos información adicional».
El correo electrónico dice que se enviarán actualizaciones adicionales «en los próximos días», pero no proporciona una fecha específica en octubre para cuando se abra la ventana de solicitud. Se extenderá hasta diciembre de 2023. También advertía a los lectores que «tuvieran cuidado con las estafas».
«Es posible que una empresa se ponga en contacto con usted diciéndole que le ayudará a conseguir la cancelación de su préstamo, la condonación, la anulación o el alivio de la deuda a cambio de una cuota. Usted nunca tiene que pagar por ayuda con su ayuda federal para estudiantes. Asegúrese de trabajar solo con el Departamento de Educación de Estados Unidos y nuestros administradores de préstamos, y nunca revele su información personal o la contraseña de su cuenta a nadie», dice el comunicado.
El Departamento de Educación está «trabajando estrechamente» con la Casa Blanca en el proceso de implementación, dijo un portavoz del departamento, y se está reuniendo diariamente.
«Nuestro objetivo es proporcionar a los prestatarios una experiencia sencilla y eficiente, trabajando estrechamente con los administradores que realmente procesarán el subsidio», dijo el portavoz en un comunicado a CNN.
La medida de Biden sobre la deuda estudiantil abrió nuevas divisiones tanto dentro como fuera de su partido.
Mientras que algunos partidarios aplaudieron la decisión, los progresistas dicen que no fue suficiente y algunos economistas demócratas advirtieron que podría empeorar la inflación, pero otros economistas dicen que el impacto combinado será mínimo en la economía en general, mientras que los republicanos dicen que es injusto y costoso. La Oficina Presupuestaria del Congreso, no partidista, dijo en un informe el lunes que la condonación podría tener un costo de US$ 400.000 millones, pero señaló que esas estimaciones son todavía «muy inciertas».
La Casa Blanca argumenta que el costo debe contemplarse para un periodo de 30 años.
Y en uno de los primeros desafíos legales significativos al plan de condonación de préstamos, un abogado de interés público presentó una demanda el martes argumentando que la política es un abuso del poder ejecutivo. El demandante, Frank Garrison, alega que, debido a la próxima condonación de los préstamos estudiantiles, se verá obligado a pagar impuestos estatales por la cantidad cancelada, un gasto que de otro modo evitaría.
La demanda, que nombra al Departamento de Educación como demandado, cuestiona el «inaceptable abuso de la autoridad ejecutiva por parte de la agencia para restablecer el estado de derecho y hacer cumplir la separación de poderes de la Constitución», según un comunicado de prensa de la Pacific Legal Foundation.
El portavoz de la Casa Blanca, Abdullah Hasan, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que «la demanda carece de fundamento por una sencilla razón: no se obligará a nadie a obtener un alivio de la deuda. Cualquiera que no quiera el alivio de la deuda puede optar por no hacerlo».